Mesa del Nayarit, Nayarit (RRC): En las Universidades Tecnológicas del estado de Nayarit, la situación en la Universidad Tecnológica de la Sierra (UTS) se ha agravado notablemente en los últimos meses, con el acoso laboral como uno de los elementos más denunciados por los trabajadores sindicalizados. Según la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos de las Universidades Tecnológicas de Nayarit (STAAUTN), Carmen Soledad Ibarra Castillón, el personal enfrenta un clima de hostigamiento sistemático que incluye agresiones verbales, malos tratos, discriminación y preferencias evidentes hacia el personal de confianza en detrimento de los sindicalizados.
Los afectados señalan que los principales ejecutores de estas prácticas de acoso laboral son el Abogado General, Lic. Juan Manuel Del Villar Gutiérrez, y el Director Académico, Luis Daniel Quevedo Tiznado. Los denunciantes describen un patrón de conductas que incluyen presiones constantes para aceptar condiciones precarias, tratos vejatorios, humillaciones públicas y asignación arbitraria de cargas de trabajo excesivas, con el objetivo de desestabilizar emocional y profesionalmente al personal. “Se trata de un acoso laboral evidente y repetitivo: gritos, descalificaciones y exclusión deliberada de beneficios o capacitaciones”, relató la dirigente sindical en reportes difundidos a inicios de enero de 2026.
Este ambiente de intimidación se ve reforzado por una exagerada rotación de personal, marcada por renuncias forzadas de trabajadores de base y despidos considerados indignantes. Muchos empleados no son notificados con tiempo suficiente sobre la no renovación de sus contratos, lo que genera inestabilidad económica y juega directamente con el sustento de numerosas familias. “Son muchos los que se han ido por ese motivo; la incertidumbre es constante y las decisiones parecen caprichosas”, indican fuentes sindicales.
Entre las prácticas discriminatorias denunciadas destaca el reparto selectivo de uniformes: estos se han entregado exclusivamente a las personas consideradas parte del “equipo” cercano a la administración, mientras que los trabajadores no afines o no de su agrado se quedaron sin recibirlos, evidenciando un trato preferencial que profundiza la división interna.
Además, se acusa a la Órgano Interno de Control (OIC), encabezado por la Lic. Brenda Martínez, de inacción y complicidad. Según los denunciantes, nunca ha intervenido ni investigado las quejas formales, sino que ha apoyado decisiones de rectoría y encubierto las irregularidades, lo que agrava la percepción de impunidad.
El sindicato describe un escenario donde el personal administrativo y de confianza “hace lo que quiere menos su trabajo”, con libertades excesivas derivadas de la aparente falta de autoridad del rector, quien estaría más preocupado por actividades políticas que por el funcionamiento y el bienestar de la universidad. Esta debilidad en el liderazgo institucional facilita el abuso de poder y perpetúa el clima de precariedad.
La situación se entrelaza con otras irregularidades graves: adeudos prolongados en salarios (incluida la última quincena de diciembre 2025 y la prima vacacional), retención o falta de pago de cuotas al IMSS —lo que deja a familias sin cobertura médica adecuada— y desaparición de prestaciones como el Plan de Previsión Social. Estos elementos económicos refuerzan el poder de presión de las autoridades, ya que muchos trabajadores dependen del empleo y temen perderlo si denuncian el hostigamiento.
Hasta la fecha, la rectoría de la UT de la Sierra no ha emitido una respuesta oficial detallada sobre las acusaciones de acoso laboral ni sobre las personas señaladas. El sindicato exige:
- La implementación inmediata de protocolos contra el acoso laboral y hostigamiento, con investigaciones imparciales.
- Una auditoría externa que revise tanto las finanzas como las prácticas administrativas.
- Garantías de no represalias para los denunciantes.
- El cese de prácticas discriminatorias, el respeto pleno a los derechos laborales y la destitución de responsables directos de las conductas denunciadas.
Organismos como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nayarit (CDHEN) han recibido denuncias similares en el sector educativo estatal, lo que sugiere un problema más amplio. Mientras tanto, en la UT de la Sierra, el clima de tensión persiste: los trabajadores continúan laborando en un entorno marcado por el miedo, la precariedad y la incertidumbre, a la espera de que las autoridades intervengan para restablecer un ambiente laboral digno y respetuoso.
